La mayoría de los gobernadores del PJ y el bloque de Unión por la Patria ratificaron que no acompañarán la eliminación de las primarias. Para la oposición, el proyecto de Javier Milei busca «debilitar a los partidos» y favorecer la «rosca de cúpulas», mientras el oficialismo admite que la iniciativa está herida de muerte en el Congreso.
El «operativo clamor» por las PASO ha unido a las distintas tribus del peronismo. Desde el entorno de Axel Kicillof hasta los sectores más cercanos a Cristina Kirchner, el mensaje hacia la Casa Rosada fue unánime: no habrá votos para derogar el sistema de primarias. El argumento público del Justicialismo es que las PASO garantizan la participación ciudadana y la transparencia; sin embargo, en los pasillos del Congreso reconocen que, con una interna al rojo vivo entre el gobernador bonaerense y La Cámpora, las primarias son el único mecanismo que evita una ruptura definitiva del espacio. Para el PJ, eliminar las PASO hoy sería entregarle al Gobierno la llave para fragmentar aún más a la oposición.
La resistencia peronista deja al Gobierno en una posición incómoda. Javier Milei había anunciado el envío del proyecto desde el exterior, haciendo de la eliminación de las primarias una bandera de ahorro fiscal y lucha contra la «casta política». Sin embargo, el «poroteo» legislativo indica que no solo el peronismo se opone; sectores del radicalismo y de los partidos provinciales (como el de Pablo Javkin en Rosario) también han manifestado su rechazo, argumentando que volver al sistema de internas cerradas fortalece a los punteros y a las estructuras tradicionales que el propio Milei dice combatir. Ante este escenario, la estrategia de la Casa Rosada ha virado hacia una «retirada táctica», postergando el debate para evitar una derrota parlamentaria que empañe su narrativa de victoria tras la reforma de la Ley de Glaciares.
Hacia adelante, el fracaso de la eliminación de las PASO obliga al oficialismo a concentrarse exclusivamente en la Boleta Única de Papel (BUP), el único punto de la reforma que aún conserva chances de ser aprobado antes de mayo. Para el Gobierno, la prioridad ahora es blindar la gestión de Manuel Adorni, quien enfrentará un duro informe en Diputados en medio de cuestionamientos patrimoniales, y llegar con aire a la movilización del 30 de abril. Mientras el peronismo celebra haber conservado su herramienta de ordenamiento interno, el Ejecutivo intenta que este traspié legislativo no afecte la calma de los mercados, donde el riesgo país sigue siendo la principal carta de presentación de la gestión libertaria.
