Tras alcanzar un principio de entendimiento técnico, funcionarios del Ministerio de Capital Humano y los rectores del CIN mantienen un encuentro clave para estampar la firma definitiva. El pacto destrabará las partidas operativas y la recomposición de los haberes docentes.
La prolongada disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y la comunidad académica ingresa en sus horas decisivas. Representantes de la Secretaría de Educación y los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevan a cabo una reunión presencial determinante para sellar el acuerdo que normalizará el funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país. El encuentro formaliza los consensos técnicos alcanzados durante los últimos días respecto a la actualización de los fondos para gastos edilicios y el esquema de recomposición para los salarios de los trabajadores docentes y no docentes.
El paquete normativo que se prevé rubricar contempla un incremento escalonado en las partidas mensuales destinadas al mantenimiento de las facultades y hospitales universitarios, con el fin de compensar el impacto de la inflación acumulada. Asimismo, la paritaria salarial del sector recibirá una inyección de fondos orientada a mitigar el atraso de los haberes frente a los índices de precios, una de las demandas más urgentes de los gremios que mantenían bajo amenaza el normal dictado de clases del segundo cuatrimestre. Como contrapartida del auxilio fiscal, los rectores convalidarán el nuevo protocolo de auditorías internas coordinado de forma conjunta con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
A pesar del clima de optimismo que rodea la firma de esta tregua política y financiera, desde los despachos oficiales ratificaron que este entendimiento administrativo no anulará el curso de la presentación judicial efectuada por el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno mantiene firme la vía jurídica con el objetivo de que el Máximo Tribunal defina los alcances y límites legales de los giros de fondos discrecionales y convenios especiales otorgados por administraciones pasadas, separando la solución de la emergencia presupuestaria actual de la discusión de fondo sobre la fiscalización de las arcas universitarias.
