Con la publicación del decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo formalizó el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) previsto en la reforma laboral. Sin embargo, los operadores financieros y las ALyCs aguardan las definiciones de la «letra chica» económica antes de su puesta en marcha.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema alternativo para el pago de indemnizaciones por despido contemplado en la Ley de Modernización Laboral. A través del decreto correspondiente, se fijaron las bases operativas para que los empleadores puedan derivar aportes mensuales a cuentas administradas por entidades autorizadas, debiendo identificar sus operaciones bajo un código denominado «ID FAL» ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Asimismo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) asumirá un rol de control institucional directo, quedando completamente facultada para intervenir la administración de estos recursos de manera automática ante cualquier incumplimiento normativo de los gestores.
A pesar de este avance legal, el sector financiero mantiene cautela y posterga el diseño definitivo de sus productos debido a que resta una definición económica crucial por parte del Palacio de Hacienda. El mercado de capitales está a la espera de que el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, determine formalmente cuál será el «límite de inversión» permitido para estos activos y qué instrumentos financieros específicos estarán habilitados para conformar las carteras. Los agentes de bolsa (ALyCs) y los bancos comerciales necesitan conocer con precisión estas restricciones técnicas para estructurar los fondos de manera eficiente, garantizando la alta liquidez que el sistema previsional de despidos exige sin descuidar el rendimiento de los recursos acumulados.
La puesta en marcha definitiva del FAL, proyectada inicialmente hacia finales de octubre o principios de noviembre de este año, promete inyectar un importante flujo de capitales al mercado local. No obstante, los expertos coinciden en que el éxito real del nuevo esquema —que busca otorgar un costo previsible a las empresas y protección a los trabajadores— dependerá enteramente de la claridad regulatoria que aporten las próximas normativas ministeriales. De momento, las expectativas están puestas en la CNV, presidida por Roberto Silva, que ya cuenta con el marco habilitado para avanzar con sus propias resoluciones en cuanto el ministro Caputo destrabe las definiciones financieras de fondo.
