La Casa Rosada evalúa la letra chica de los decretos con el fin de evitar nuevos frentes de conflicto en la Justicia y el Congreso. El núcleo duro oficialista busca pulir los alcances técnicos antes de formalizar los anuncios económicos del segundo semestre.
El Poder Ejecutivo nacional resolvió someter a una exhaustiva auditoría técnica y política un ambicioso paquete de decretos orientados a profundizar la desregulación de sectores clave de la economía interna. La mesa chica gubernamental dispuso frenar temporalmente la firma y publicación de las normativas vinculadas a los mercados del seguro, el cabotaje aerocomercial y la actividad inmobiliaria, con el objetivo primordial de pulir la redacción legal, blindar los textos ante eventuales amparos judiciales y garantizar la consistencia técnica de las reformas estructurales.
En los despachos de la Casa Rosada reconocen que la premura por avanzar en la liberalización de estas actividades debe complementarse con un estricto control de daños políticos, en especial tras los recientes cortocircuitos experimentados en el Congreso de la Nación. Cerca del área de desregulación económica argumentan que cada una de las modificaciones propuestas —que van desde la apertura de rutas aéreas a firmas extranjeras hasta la simplificación de pólizas y la quita de regulaciones contractuales— requiere un consenso técnico mínimo con las cámaras empresariales del sector para evitar parálisis operativas.
La decisión de mantener bajo análisis estas reformas estratégicas coincide con el reordenamiento de la agenda que el oficialismo prevé discutir el próximo jueves en su convocada mesa política. Mientras el ala económica celebra la consolidación de la tendencia a la baja en los indicadores de inflación y el alivio financiero en los mercados internacionales, los armadores políticos consideran vital no sobrecargar el escenario legislativo con debates sectoriales de alta sensibilidad que puedan dispersar los votos necesarios para las prioridades inmediatas del Ejecutivo.
