El Palacio de Hacienda y los rectores avanzan en el diseño de un nuevo esquema de financiamiento que destrabe el conflicto presupuestario. Sin embargo, la Casa Rosada mantendrá la vía judicial para auditar las partidas discrecionales otorgadas por gestiones anteriores.
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ingresó en una fase de tregua técnica y potencial resolución. Tras semanas de intensas negociaciones secretas en los despachos de la Secretaría de Educación, los equipos técnicos del Ministerio de Capital Humano y los representantes de las principales casas de altos estudios del país alcanzaron un principio de entendimiento respecto a la actualización de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento edilicio y los salarios del personal docente y no docente, adecuándolos parcialmente al ritmo de la inflación acumulada.
El borrador del acuerdo prevé el diseño de una nueva fórmula de actualización presupuestaria que otorgue previsibilidad a las universidades públicas para el segundo semestre del año, desactivando la amenaza de paros y garantizando el dictado regular de clases en las distintas facultades. A cambio del incremento en el flujo de fondos corrientes, las autoridades universitarias aceptaron convalidar la implementación de un sistema de control interno y rendición de cuentas más estricto, centralizado a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un requisito que el oficialismo consideraba innegociable para destrabar el auxilio financiero.
Pese a la inminente firma del pacto político que normalizará la actividad académica, el Gobierno nacional ratificó que no dará marcha atrás con la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Desde Balcarce 50 aclararon que la vía judicial corre por un carril totalmente independiente y tiene como objetivo resolver la cuestión de fondo: determinar la legalidad de los giros de fondos discrecionales y los convenios especiales firmados por administraciones previas. Los armadores del oficialismo sostienen que es fundamental un fallo del Máximo Tribunal que fije jurisprudencia definitiva sobre el alcance de la autonomía universitaria y los límites de la potestad fiscalizadora del Estado nacional sobre las arcas de las instituciones.
