La mesa técnica oficialista pule los detalles de los proyectos normativos que enviará al Congreso el próximo mes. El Ejecutivo busca relanzar la iniciativa política profundizando la apertura económica y transformando el sistema de justicia penal.
El Poder Ejecutivo nacional no detiene su marcha legislativa y ya diseñó la hoja de ruta política para el mes de junio, con el objetivo de consolidar el rumbo estructural de su gestión. La mesa chica del Gobierno, encabezada por los principales asesores legales y técnicos del oficialismo, trabaja a contrarreloj en la redacción final de un paquete de leyes e iniciativas que apuntan directamente a profundizar la desregulación de diversos sectores de la economía interna y la simplificación de trámites administrativos para el sector privado.
El segundo gran pilar de esta ambiciosa ofensiva parlamentaria se meterá de lleno en el terreno de la reforma judicial. El Ministerio de Justicia acelera el proyecto para implementar de manera definitiva el sistema de Juicio por Jurados a nivel federal, una vieja deuda constitucional que el oficialismo busca capitalizar como bandera de transparencia institucional. La propuesta apunta a que los ciudadanos comunes tengan una participación directa en los veredictos de los delitos más graves, buscando agilizar los plazos procesales y democratizar el funcionamiento de los tribunales.
A pesar del optimismo reinante en los despachos de la Casa Rosada, los operadores políticos del oficialismo saben que el escenario en el Congreso de la Nación demandará arduas negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista y los gobernadores provinciales. El tratamiento de estas reformas pondrá a prueba una vez más la capacidad de articulación del espacio gubernamental, en un mes de junio que se perfila clave para medir el termómetro político y el nivel de consenso con el que contará el Ejecutivo de cara al segundo semestre del año.
