Ante la baja sostenida de la recaudación por la recesión, el Ministerio de Economía comenzó a demorar la cancelación de facturas con contratistas del Estado. La estrategia busca blindar el resultado fiscal positivo, aunque genera preocupación por la cadena de pagos en el sector privado.
El «ancla fiscal» de Javier Milei entró en una fase de sintonía fina. Con ingresos tributarios que no levantan debido al parate en el consumo y la industria (que cayó más del 11% en febrero), el Ejecutivo decidió aplicar lo que en la jerga financiera se conoce como «pisar la caja». Esto significa que, para no mostrar un déficit en las planillas, se está demorando el pago a proveedores de servicios básicos, mantenimiento y obras que aún siguen en marcha, acumulando una deuda flotante que ayuda a maquillar el balance mensual.
Esta medida es la respuesta directa a la orden presidencial de profundizar el ajuste que vimos la semana pasada. Al no contar con el auxilio de la maquinita de imprimir billetes, el Tesoro utiliza esta demora como una válvula de escape para cumplir con la meta innegociable de equilibrio financiero. Sin embargo, el riesgo de esta táctica es que termine asfixiando a las pymes que dependen de los cobros del Estado, en un contexto donde el crédito bancario recién está empezando a dar sus primeros pasos tras la flexibilización de los encajes.
Para la macroeconomía, esto asegura que el riesgo país se mantenga en niveles bajos y que el FMI siga enviando los desembolsos prometidos. Pero para la economía real, es un factor más que estira la recesión: si los proveedores no cobran, cortan servicios o demoran pagos a sus propios empleados, alimentando el círculo vicioso de la baja actividad. El desafío para mayo será ver si la recaudación empieza a reaccionar por la cosecha gruesa, permitiendo que el Gobierno normalice sus deudas sin poner en riesgo el superávit que tanto defiende.
