La baja de la pobreza al 36,2% abrió un debate técnico y político. Economistas cuestionaron la metodología: la Encuesta Permanente de Hogares modificó su cuestionario para captar mejor los ingresos no laborales, lo que infló el ingreso declarado.
El CLACSO y varios centros de investigación señalaron que el indicador no capta el encarecimiento de servicios esenciales que subieron por encima de la inflación general desde 2024.
Un país que no mide bien su pobreza no puede diseñar bien las políticas para reducirla.
