A través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo avanzó en la implementación operativa de la reforma. Las medidas abarcan desde la digitalización de la registración hasta pautas sobre recibos de sueldo, servicios eventuales, licencias y plazos para convenios colectivos.
El Poder Ejecutivo nacional dio un paso fundamental en la consolidación de su agenda de reformas estructurales al publicar la reglamentación de un paquete de modificaciones clave contempladas en la Ley de Modernización Laboral. A través de normativas oficializadas en el Boletín Oficial, la administración central puso en marcha disposiciones operativas destinadas a simplificar el vínculo contractual entre empresas y empleados, reducir la burocracia estatal y dotar de mayor previsibilidad jurídica al mercado de trabajo del sector privado.
Entre los ejes centrales de la nueva reglamentación se destaca la simplificación y digitalización obligatoria de la registración laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo esquema establece que el alta ante el organismo fiscal será condición suficiente para acreditar el vínculo legal, eliminando la duplicidad de trámites y exigencias en otras dependencias. Asimismo, la normativa introdujo precisiones operativas sobre la emisión de recibos de sueldo digitales, el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales, y los criterios para la gestión de licencias por enfermedad y trámites jubilatorios.
La reglamentación fijó además un plazo perentorio de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a las entidades gremiales con el objetivo de renegociar aquellos convenios colectivos de trabajo que se encuentren vencidos.
En paralelo, las disposiciones oficiales establecieron pautas temporales para que los organismos recaudadores adapten sus plataformas informáticas, otorgando un margen de 120 días a ARCA para absorber los sistemas de registración específicos de sectores complejos como el de la construcción. Con esta batería de medidas, el oficialismo busca acelerar los incentivos hacia la formalización del empleo y reducir la litigiosidad laboral, respondiendo a un histórico reclamo de las cámaras empresarias y las pequeñas y medianas empresas.
