En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, especialistas denuncian que la falta de contención familiar, la burocracia médica y el aislamiento social configuran un escenario de desprotección sistémica para la generación silver.
La situación de vulnerabilidad que atraviesa una parte significativa de la población de la tercera edad en la Argentina encendió fuertes señales de alerta entre gerontólogos, sociólogos y profesionales de la salud. En el marco de una fecha clave para la visibilización de esta problemática, diversos paneles de expertos coincidieron en trazar un diagnóstico sumamente preocupante respecto al incremento de los casos de abandono afectivo y material, así como de la vulneración sistemática de los derechos más elementales de los adultos mayores, un colectivo que muchas veces queda invisibilizado en las discusiones de la agenda pública.
Los especialistas advierten que el maltrato hacia los mayores no se reduce exclusivamente a episodios de violencia física, sino que se manifiesta de formas mucho más solapadas pero igualmente dañinas. La negligencia en los cuidados básicos, el despojo patrimonial por parte de entornos familiares directos, la devaluación de sus ingresos frente al costo de vida y el laberinto burocrático que deben afrontar para acceder a prestaciones médicas esenciales o medicamentos crónicos son catalogados por los expertos como formas de violencia estructural. El aislamiento social forzado, profundizado por la brecha digital en la realización de trámites cotidianos, agrava los cuadros de deterioro cognitivo y depresión.
Ante este panorama, las organizaciones dedicadas al estudio de la longevidad y la economía plateada exigen un cambio de paradigma urgente en las políticas públicas y en la concientización comunitaria. El reclamo apunta a robustecer las redes de apoyo barriales, agilizar los canales de denuncia ante situaciones de abuso institucional o familiar y capacitar a la sociedad para erradicar los prejuicios que asocian a la vejez con la pasividad o la falta de autonomía. Garantizar un envejecimiento activo, seguro y digno requiere no solo de un marco legal eficiente, sino del compromiso ético de una comunidad que aprenda a valorar la experiencia de sus miembros más longevos.
