El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado formalizó el nuevo esquema de desvinculaciones para el personal de la administración centralizada y descentralizada. El plan busca acelerar el achique del gasto antes de que venza el plazo de la emergencia administrativa.
El plan de racionalización de la estructura estatal entra en una fase decisiva de cara al inicio del segundo semestre. El Poder Ejecutivo nacional terminó de delinear un ambicioso programa de retiros voluntarios con el que proyecta desvincular a unos 5.000 empleados de la planta pública antes del próximo mes de agosto. La medida apunta de manera directa al personal que reviste en la administración pública nacional, abarcando tanto a los ministerios y secretarías centralizadas como a una vasta cantidad de organismos descentralizados y empresas de propiedad estatal.
La implementación del esquema quedó bajo la órbita de las autoridades del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quienes diseñaron diferentes atractivos económicos según la antigüedad y la situación contractual de los agentes para incentivar la adhesión voluntaria. Desde los despachos oficiales argumentan que esta convocatoria busca ofrecer una salida ordenada y consensuada, diferenciándose de las tandas de bajas de contratos temporales que signaron los primeros meses de gestión y sirviendo como paso previo a la reestructuración definitiva de las áreas declaradas en crisis.
La aceleración de los plazos responde a una necesidad estrictamente legal, ya que el Ejecutivo busca consolidar el grueso del achique de personal antes de que expire la prórroga de la emergencia administrativa delegada por el Congreso. En contrapartida, las principales agrupaciones sindicales del sector público ya se declararon en estado de alerta permanente. Los gremialistas denuncian que la iniciativa constituye un «despido encubierto» bajo la presión del desfinanciamiento institucional y anticiparon que profundizarán las medidas de fuerza en las dependencias para frenar lo que consideran un vaciamiento de los servicios esenciales del Estado.
