Un sondeo de opinión pública de circulación reservada analiza el daño colateral que provocó el escándalo de la declaración jurada en la imagen del jefe de Gabinete. El estudio detecta un fuerte llamado de atención de las bases oficialistas y un reposicionamiento de segundas líneas.
Los despachos de la Casa Rosada se transformaron en un búnker de análisis estadístico tras la llegada de un informe de opinión pública que encendió las alarmas en el ala política del oficialismo. La encuesta, coordinada por una de las consultoras que suele auditar el pulso social para el entorno presidencial, midió de manera específica el impacto de las recientes revelaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El documento confirma que el escándalo institucional caló hondo en la consideración ciudadana, provocando una pérdida de puntos en su imagen positiva y abriendo una fisura en el relato de austeridad estatal que el funcionario solía defender desde el atril.
El dato que más preocupa a los estrategas de La Libertad Avanza no es la reacción de la oposición dura, sino el marcado cambio de humor en los votantes propios y en el segmento de los denominados «independientes». El estudio de opinión refleja que la existencia de activos millonarios en el extranjero genera un fuerte cortocircuito perceptivo en una base social que viene soportando el peso directo del ajuste económico. Esta pérdida de centralidad política por parte del vocero y coordinador de ministros comenzó a acelerar movimientos internos en la estructura gubernamental, donde algunas segundas líneas de perfil puramente técnico empiezan a ganar visibilidad y a ser evaluadas como posibles alternativas de recambio.
A pesar del complejo escenario que muestran los gráficos de barras, la mesa chica que lidera Karina Milei mantiene la postura de no ceder ante las presiones de la oposición y descarta, por el momento, cambios drásticos en el organigrama. Sin embargo, en los pasillos gubernamentales admiten que el desgaste es real y que la figura de Adorni ya no cumple con el rol de pararrayos mediático de antes. El informe de la consultora concluye con una advertencia clara: de prolongarse la indefinición judicial y la parálisis legislativa en torno a sus pedidos de interpelación, el costo político comenzará a trasladarse de forma directa a la marca general de la gestión.
