La Secretaría de Transporte autorizó un nuevo esquema tarifario para las líneas que circulan por la Ciudad y el Gran Buenos Aires. El ajuste busca recortar la partida de subsidios y se complementará con una quita de beneficios para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada.
El bolsillo de los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a sentir el impacto del ajuste en los servicios públicos. El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, oficializó un nuevo cuadro tarifario que entrará en vigencia a partir del primer día de julio para todas las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, provincial y municipal. La medida, fundamentada en el incremento de los costos operativos de las empresas de transporte y el encarecimiento de los combustibles, representa un paso clave en el plan oficial de reducir el gasto público mediante la quita de subsidios estatales directos a la oferta.
Con el nuevo esquema en marcha, el boleto mínimo para el tramo inicial de hasta 3 kilómetros pasará de los valores actuales a costar 480 pesos para aquellos pasajeros que cuenten con su tarjeta SUBE debidamente registrada a su nombre. Las escalas tarifarias se incrementarán de manera proporcional según la distancia del recorrido, superando los 530 pesos para los trayectos más extensos que conectan el conurbano bonaerense con el centro porteño. En tanto, las autoridades recordaron que se mantendrá vigente el descuento de la Tarifa Social Federal para los grupos vulnerables beneficiarios de ANSES, atenuando parcialmente el impacto de la suba.
La contracara más dura del anuncio recaerá sobre aquellos usuarios que aún no hayan completado el trámite de nominalización de sus tarjetas magnéticas. Para este universo de pasajeros, el valor del boleto mínimo sufrirá una penalización y trepará por encima de los 750 pesos por viaje, lo que generó que las terminales de registro vuelvan a exhibir largas filas en las principales estaciones ferroviarias. Las cámaras empresariales del sector recibieron la noticia con cautela, advirtiendo que, si bien el incremento ayuda a equilibrar los ingresos, aún restan saldar discusiones de fondo respecto a las frecuencias de pago de las compensaciones estatales pendientes.
