Una comitiva oficial recorrió los pabellones del Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y constató graves deficiencias estructurales. Intimaron al Servicio Penitenciario Federal a revertir las condiciones de detención para garantizar los estándares mínimos de habitabilidad.
Las alarmas en el sistema carcelario porteño volvieron a encenderse tras una inspección sorpresiva en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido históricamente como la cárcel de Devoto. Una comitiva integrada por jueces de ejecución penal, peritos médicos y representantes de organismos de derechos humanos llevó a cabo una exhaustiva auditoría en los sectores de alojamiento y sanidad del penal. El relevamiento arrojó un diagnóstico sumamente preocupante, documentando fallas estructurales que afectan de manera directa la dignidad y la integridad física de las personas privadas de la libertad.
El informe preliminar de los inspectores puso especial énfasis en el crítico estado de la infraestructura sanitaria y las condiciones de higiene dentro de los pabellones más antiguos. Los peritajes constataron la presencia de filtraciones crónicas de agua, sistemas de ventilación severamente obstruidos y un déficit alarmante en la provisión de elementos básicos de desinfección, factores que propician la proliferación de afecciones respiratorias y de la piel entre los internos. Asimismo, las autoridades judiciales advirtieron sobre marcadas demoras en la atención médica de urgencia y la falta de insumos farmacéuticos esenciales en el área asistencial del complejo.
Ante la contundencia de las anomalías detectadas, la justicia interviniente notificó formalmente a la dirección del Servicio Penitenciario Federal, exigiéndole la presentación de un plan de contingencia de cumplimiento perentorio. Las demandas incluyen la reparación inmediata de los tendidos eléctricos y cloacales, la desinsectación profunda de las celdas comunes y el reabastecimiento urgente de la farmacia interna. El dictamen judicial recalca que la superpoblación y el deterioro del penal de Devoto —cuya relocalización definitiva sigue postergada— no eximen al Estado de su responsabilidad legal de garantizar condiciones de detención seguras y acordes a los tratados internacionales vigentes.
