Tras sufrir duros reveses legislativos por los proyectos de la oposición, el oficialismo intenta retomar el control de la agenda en la Cámara Baja. Los dos ejes centrales del paquete oficial apuntan a blindar inversiones a gran escala y regular los intereses corporativos.
El bloque de La Libertad Avanza y el Poder Ejecutivo aceleran las gestiones en la Cámara de Diputados con el objetivo de recuperar el control de la iniciativa política y legislativa. Luego de atravesar semanas complejas marcadas por el avance de proyectos opositores vinculados al financiamiento educativo y las reformas jubilatorias, la Casa Rosada busca dar vuelta la página y poner sobre la mesa dos iniciativas de fuerte peso institucional y económico: la ampliación de los beneficios para grandes inversiones (bautizada internamente como el «súper RIGI») y la esperada Ley de Regulación del Lobby.
El primer proyecto busca profundizar los incentivos de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera que se habían implementado en la Ley Bases original, extendiendo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) hacia nuevos sectores productivos de mediana escala y cadenas de valor locales vinculadas a la energía y la minería. En paralelo, la denominada «ley de lobby» intentará transparentar las audiencias, reuniones e influencias de los grupos de interés corporativos ante los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, mediante la creación de un registro obligatorio de acceso abierto y penalizaciones severas para quienes operen al margen del sistema.
Con esta estrategia bimodal, el oficialismo apunta a presionar a los bloques dialoguistas —especialmente al PRO y a los sectores intermedios del radicalismo— para que vuelvan a alinearse con la agenda del Palacio de Hacienda. Desde Balcarce 50 confían en que, al contraatacar con reformas orientadas a la transparencia institucional y al ingreso de divisas, lograrán diluir la cohesión que la oposición dura había mostrado en las últimas votaciones y recuperar el oxígeno necesario para garantizar la gobernabilidad de cara al segundo tramo del año legislativo.
