El organismo financiero internacional reclamó una mayor liberalización de las restricciones cambiarias en el corto plazo. Si bien ponderó la consolidación fiscal, condicionó los futuros desembolsos a la aplicación de reformas estructurales en el mercado de divisas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) incrementó la presión política sobre la conducción económica argentina al solicitar formalmente una aceleración en el proceso de flexibilización del denominado «cepo cambiario». A pesar de que las autoridades del organismo multilateral convalidaron con notas elogiosas el sobrecumplimiento de las metas fiscales y la drástica reducción de la base monetaria, advirtieron que el mantenimiento prolongado de las restricciones de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) comienza a actuar como un dique de contención que traba la llegada de inversiones extranjeras directas y ralentiza la reactivación de la actividad productiva.
Para el equipo técnico que conduce los destinos del programa con la Argentina, la salida definitiva de los controles de capitales debe dejar de ser una meta lejana y transformarse en un sendero de medidas concretas y paulatinas en el corto plazo. El FMI fundamentó su reclamo señalando que la brecha entre las cotizaciones financieras y el tipo de cambio oficial se encuentra en mínimos históricos, lo que genera una ventana de oportunidad óptima para remover regulaciones cruzadas sobre las operaciones de empresas de comercio exterior. Según la mirada de Washington, la flexibilización de las trabas para girar dividendos y el desarme del esquema de liquidación de exportaciones (blend) son pasos indispensables para dotar de transparencia e institucionalidad al sistema financiero local.
Por su parte, el Palacio de Hacienda y la conducción del Banco Central argumentan que, para convalidar una apertura total de la economía sin correr riesgos de una corrida cambiaria, aún deben cumplirse estrictas condiciones macroeconómicas de fondo. Las autoridades nacionales supeditan la eliminación total del cepo a un saneamiento definitivo de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria, una convergencia de la inflación núcleo a niveles internacionales y, fundamentalmente, a la obtención de un colchón adicional de reservas internacionales netas que actúe como escudo financiero. Ante esta encrucijada, el Ejecutivo busca negociar un desembolso extraordinario que sirva como puente de divisas para cumplir con las exigencias del organismo sin desproteger los frentes internos de estabilidad.
