Tras el vencimiento de las facultades delegadas, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso para insistir con el cierre de entes como Vialidad Nacional. La iniciativa de Federico Sturzenegger busca blindar legislativamente los recortes que habían quedado sin efecto tras los reveses judiciales de 2025.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ya tiene lista la «ley de hojarasca» administrativa. El objetivo central es recuperar terreno perdido: el año pasado, varios cierres y transformaciones de organismos (como el INTA, el INTI y la Agencia de Seguridad Vial) debieron anularse cuando el Congreso rechazó los decretos basados en facultades delegadas. Ahora, el Gobierno apuesta a una «revisión integral» que no solo reponga esos recortes, sino que sume nuevas dependencias que considera duplicadas o ineficientes, profundizando una política que ya redujo más de 65.000 puestos en el sector público desde diciembre de 2023.
La estrategia política cambió. En lugar de forzar cambios por decreto que luego chocan con la Justicia, Javier Milei busca ahora el aval parlamentario, aprovechando el capital político que le dio la reciente sanción de la Ley de Glaciares y el alivio financiero otorgado a los gobernadores. Para el Ejecutivo, la eliminación de estos organismos es vital para sostener el superávit fiscal sin depender exclusivamente de pisar pagos a proveedores, permitiendo un ahorro estructural que consolide la baja del riesgo país y la estabilidad del dólar en la zona de los $1.400.
Hacia adelante, el proyecto se perfila como un nuevo test de gobernabilidad en el Congreso. Mientras los gremios estatales como ATE y UPCN ya preparan medidas de fuerza para unirse a la marcha del 30 de abril, el oficialismo confía en que la necesidad de fondos de las provincias ayude a inclinar la balanza en las cámaras. El desafío para Sturzenegger será demostrar que estas fusiones no afectan servicios esenciales, sino que eliminan «capas geológicas» de la burocracia, en un momento donde el Gobierno necesita que el orden macroeconómico empiece a derramar en una gestión estatal más ágil y económica.
