El Ministerio de Seguridad ratificó la plena vigencia del protocolo de orden público para las próximas jornadas de protesta. Desde el Ejecutivo aseguraron que no se permitirán cortes de calles ni bloqueos que impidan el normal funcionamiento del Poder Legislativo.
En la antesala de nuevas jornadas de debate parlamentario, el Gobierno nacional emitió un mensaje contundente hacia las organizaciones sociales y gremiales que planean manifestarse en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Las autoridades de Seguridad enfatizaron que las fuerzas federales actuarán para garantizar la libre circulación y proteger los ingresos al Congreso, aplicando las normativas de control de disturbios sin excepciones. Esta postura busca evitar que las protestas interfieran con la actividad de los legisladores, en un contexto de alta sensibilidad política por el tratamiento de las reformas estructurales.
Desde la Casa Rosada señalaron que, si bien se respeta el derecho constitucional a manifestarse, este no debe colisionar con el derecho de los ciudadanos a transitar ni con la seguridad de las instituciones. La advertencia oficial incluye la identificación de quienes organicen bloqueos y la posible quita de beneficios sociales para aquellos que infrinjan la ley de tránsito o participen en actos de violencia. Los operadores del oficialismo consideran fundamental mantener el orden público para transmitir una imagen de estabilidad y respeto por la ley, especialmente ante la mirada de observadores internacionales y sectores productivos del interior.
La respuesta de las organizaciones convocantes no se hizo esperar, denunciando lo que consideran un intento de «criminalización de la protesta». Sin embargo, el Gobierno mantiene su posición de «tolerancia cero» frente a las modalidades de manifestación que incluyan el uso de neumáticos incendiados o el cierre total de avenidas estratégicas. Se espera un despliegue de seguridad reforzado que contará con la participación de diversas fuerzas, coordinadas para prevenir incidentes y asegurar que el debate democrático dentro del recinto se desarrolle sin presiones externas que alteren la agenda legislativa de 2026.
