Desde el Ejecutivo sostuvieron que la iniciativa busca combatir la impunidad y adaptar la legislación penal a la realidad delictiva actual.
El Gobierno nacional ratificó su postura a favor del proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad en el país. En declaraciones oficiales, funcionarios del Gabinete defendieron la propuesta argumentando que es una herramienta necesaria para enfrentar la participación de menores en delitos graves y bandas organizadas. Según sostuvieron, el sistema actual ha quedado «desactualizado» frente a las nuevas modalidades delictivas que se observan en los principales centros urbanos.
El eje del argumento oficial se centra en que la baja de la edad permitiría que los menores que cometen delitos no entren en un «círculo de impunidad», a la vez que se plantea la creación de un régimen penal juvenil diferenciado. El proyecto contempla que el enfoque no sea únicamente punitivo, sino que incluya programas de resocialización obligatorios. Sin embargo, desde el oficialismo remarcaron que el Estado debe dar una respuesta clara a las víctimas de hechos de inseguridad donde intervienen adolescentes.
La iniciativa ya comenzó a generar repercusiones en el Congreso, donde se espera un debate intenso con los bloques de la oposición y especialistas en derecho penal juvenil. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una respuesta a la demanda social de mayor seguridad, otros advierten sobre la importancia de garantizar los derechos de los menores y enfocarse en las causas sociales de la delincuencia.
