Diputados aprobó un proyecto que busca acelerar los procesos judiciales para recuperar propiedades. La iniciativa establece procedimientos abreviados, contempla situaciones de vulnerabilidad y deberá volver al Senado antes de convertirse en ley.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que propone modificar las reglas de los desalojos en Argentina. La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones durante la sesión del miércoles 21 de octubre. Como el texto recibió modificaciones respecto de la versión aprobada previamente por el Senado, deberá regresar a esa Cámara para completar su tratamiento legislativo.
Uno de los cambios principales es la incorporación del juicio sumarísimo para las demandas de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. Este procedimiento busca reducir los tiempos judiciales cuando existen incumplimientos contractuales, ocupaciones irregulares u otras causas que justifiquen la restitución de una propiedad. También contempla la posibilidad de que un juez ordene una entrega anticipada del inmueble bajo determinadas condiciones y con garantías para responder ante eventuales perjuicios.
Para los alquileres de vivienda, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino que adeude pagos y otorgarle al menos diez días corridos para regularizar su situación antes de iniciar la demanda. Ese plazo ya está previsto en la legislación vigente y no significa que una persona pueda ser desalojada automáticamente después de diez días. El proyecto también incorpora sanciones para los propietarios que oculten información relevante o pagos recibidos para conseguir una desocupación anticipada, con multas que podrían alcanzar el equivalente a diez alquileres.
La propuesta establece además medidas específicas cuando en el inmueble viven menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, deberán intervenir los organismos de protección correspondientes y se prevé un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin detener el proceso judicial. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma permitirá fortalecer el derecho de propiedad y reducir las demoras, sus críticos advierten sobre las consecuencias para los ocupantes vulnerables. Por ahora, ninguna de estas modificaciones está vigente: la decisión final dependerá del Senado.
