El exministro kirchnerista cumple su condena por la tragedia de Once en una exclusiva propiedad de Zárate. La chacra tiene casi cinco hectáreas, pileta, cancha de fútbol, caballerizas y una laguna privada.
Julio De Vido, exministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cumple prisión domiciliaria en una lujosa chacra ubicada en el country Puerto Panal, en el partido bonaerense de Zárate. Según un informe de TN, la propiedad está valuada en aproximadamente 1,5 millones de dólares y cuenta con casi cinco hectáreas de terreno a orillas del río Paraná.
La residencia tiene comodidades que llaman la atención. Además de una casa principal de unos 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, el predio cuenta con pileta, cancha de fútbol, caballerizas, fuentes, puentes, una laguna privada y amplios jardines. También dispone de una huerta, árboles frutales y un aviario donde el exfuncionario se dedica a la cría de palomas y otras aves. Los caballos y un cuatriciclo también forman parte del entorno que mostró el informe periodístico.
De Vido, de 76 años, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria el 11 de mayo de 2026, después de permanecer menos de seis meses en el penal de Ezeiza. La Justicia autorizó la medida teniendo en cuenta su edad y sus problemas de salud, entre ellos diabetes y enfermedades cardiovasculares. Actualmente vive en la propiedad junto a su esposa, Alejandra Minnicelli, mientras cumple una condena firme de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa vinculada con la tragedia ferroviaria de Once, que provocó 52 muertes en febrero de 2012.
Su situación judicial continúa siendo compleja. Además de la sentencia firme por Once, el exministro recibió otras cuatro condenas por hechos de corrupción en causas como Skanska, Odebrecht, Gas Natural Licuado y la compra de trenes usados a España y Portugal, que todavía no están firmes. Las condiciones en las que cumple su condena reavivaron el debate sobre los beneficios penitenciarios, la igualdad ante la ley y el tratamiento judicial de los exfuncionarios condenados por delitos contra el Estado.
