El Gobierno nacional estableció las condiciones para que empleados públicos puedan dejar sus cargos a cambio de una compensación económica. La inscripción comenzará en noviembre y quienes adhieran no podrán volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, como parte de su política de reducción y reorganización del Estado. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1203/2026 y contempla compensaciones económicas según la edad, la antigüedad y la situación jubilatoria de cada empleado. Según estimaciones oficiales difundidas por la prensa, alrededor de 20.000 trabajadores estarían en condiciones de solicitar su incorporación.
El programa está dirigido al personal de planta permanente y a empleados con contratos por tiempo indeterminado de las dependencias alcanzadas. No incluye a todos los trabajadores estatales: quedan excluidos distintos sectores, entre ellos personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, del Servicio Exterior y otros organismos contemplados en la normativa. Tampoco podrán adherirse quienes se encuentren en determinadas situaciones administrativas, judiciales o previsionales que impidan acceder al beneficio.
Las compensaciones se dividirán en tres grupos. Los trabajadores próximos a jubilarse que no tengan suficientes aportes podrán optar, según las condiciones establecidas, por una gratificación única o por cobrar el 60% de su remuneración bruta mensual durante un máximo de 36 meses. Otros empleados cercanos a la edad jubilatoria podrán recibir hasta 18 salarios más un adicional de cinco remuneraciones. Para los trabajadores de menor edad, la compensación será de hasta 20 sueldos según la antigüedad, con un adicional de cuatro o cinco salarios. En consecuencia, algunos beneficiarios podrían alcanzar un equivalente de hasta 25 remuneraciones.
El período de adhesión se extenderá del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga de hasta 30 días. La solicitud deberá tramitarse ante la jurisdicción correspondiente y su presentación no garantiza la aprobación: cada organismo evaluará si puede prescindir del trabajador sin afectar sus funciones. Las autoridades tendrán un plazo máximo de 40 días corridos, contado desde el día hábil siguiente al cierre de la inscripción, para resolver las solicitudes. Quienes accedan al retiro dejarán definitivamente su cargo y tendrán prohibido reingresar al sector público nacional durante ocho años, con las excepciones previstas por la normativa.
