La empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse abrió el camino para incorporar inversores privados. El Estado conservará el 51% de las acciones y mantendrá el control de la compañía.
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de privatizaciones y avanzó con la apertura al capital privado de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal encargada de operar las tres centrales nucleares del país. A través de una modificación de su estatuto publicada este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial, la compañía adecuó su estructura societaria para permitir el ingreso de nuevos accionistas. Además, estableció un capital social de aproximadamente $6,69 billones, en el marco de un proceso autorizado por la Ley Bases.
El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla la venta del 44% de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional. Otro 5% estará destinado a un programa de propiedad participada para los trabajadores, mientras que el 51% restante continuará en manos del Estado. De esta manera, el Gobierno busca sumar inversiones privadas sin perder la mayoría accionaria ni el control de una empresa considerada estratégica para el sistema energético argentino.
Nucleoeléctrica administra las centrales Atucha I y Atucha II, ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Entre las tres instalaciones suman una potencia de 1.763 megavatios y representan alrededor del 7% de la generación eléctrica nacional. Actualmente, Atucha I permanece fuera de servicio por las obras destinadas a extender su vida útil, mientras que su regreso a la producción está previsto para 2027. El Ejecutivo sostiene que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos de infraestructura, modernización y continuidad operativa.
La decisión forma parte de la política oficial de reducir la participación directa del Estado en determinadas empresas públicas y atraer financiamiento para sectores estratégicos. Sin embargo, la modificación del estatuto no significa que la privatización ya se haya concretado: todavía resta avanzar con la valuación de las acciones, la preparación de los pliegos y el procedimiento licitatorio. El debate sobre el futuro de Nucleoeléctrica se desarrolla en un sector especialmente sensible, donde las decisiones empresariales conviven con exigencias de seguridad, regulación y planificación energética de largo plazo.
