Un grupo de inversores acudió a la Justicia por los resultados económicos de proyectos audiovisuales de Orsai. El escritor negó cualquier maniobra fraudulenta, aunque reconoció errores en la gestión.
El escritor y productor Hernán Casciari quedó en el centro de una polémica judicial después de que un grupo de 18 inversores presentara una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta vinculada con proyectos de Orsai Audiovisuales. La presentación se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes cuestionan el manejo de los fondos destinados a financiar películas y otras producciones culturales.
Según trascendió, los inversores realizaron aportes de entre 50 y 3.000 dólares para participar como socios productores, bajo un modelo de financiamiento colectivo impulsado por Orsai. Sin embargo, sostienen que los rendimientos económicos obtenidos estuvieron muy por debajo de sus expectativas y de lo que, según afirman, se les había prometido. Algunos aseguran haber recuperado apenas una pequeña parte de su inversión, mientras que otros denuncian no haber recibido retornos.
Frente a las acusaciones, Casciari publicó un video en sus redes sociales para explicar su posición. El autor rechazó categóricamente haber cometido una estafa o utilizado un sistema Ponzi. Al mismo tiempo, admitió que existieron equivocaciones en la producción y comunicación de algunos proyectos, y reconoció que determinadas películas no consiguieron los resultados comerciales esperados. También aseguró que durante 2025 mantuvo conversaciones con aportantes afectados para pedirles disculpas por lo ocurrido.
Como parte de su descargo, el escritor puso a disposición información sobre gastos, pagos y facturas de las producciones realizadas entre 2021 y 2025. Insistió en que los problemas respondieron a errores de gestión y no a una intención de perjudicar a los inversores. Mientras tanto, la denuncia continúa su recorrido judicial y será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades con relevancia penal. Por ahora, las acusaciones siguen siendo materia de investigación.
