Desde el partido liderado por Mauricio Macri endurecieron el tono frente al oficialismo. Aseguran que el costo político del escándalo patrimonial del jefe de Gabinete traba la agenda legislativa y frena el avance de las reformas clave.
Las réplicas del escándalo por la declaración jurada de Manuel Adorni comenzaron a fisurar el bloque de contención que el PRO venía ofreciéndole a La Libertad Avanza en el Congreso. En una fuerte toma de posición política, referentes del partido fundado por Mauricio Macri lanzaron una dura advertencia pública hacia la Casa Rosada, señalando que el desgaste en la figura del jefe de Gabinete dejó de ser un problema puramente de opinión pública y ya está impactando de forma directa en la gobernabilidad. «No podemos tener el país paralizado por defender la situación personal de un funcionario», confiaron fuentes parlamentarias del espacio, marcando una distancia evidente con el blindaje absoluto que propició Karina Milei en las últimas horas.
El principal foco de malestar en las filas del PRO radica en el estancamiento que sufre la actividad parlamentaria en Buenos Aires, justo en una semana donde se preveían avances sustanciales en proyectos estructurales. Los principales espadas legislativos del macrismo evalúan que los pedidos de interpelación y el clima de discusión permanente en torno al patrimonio del coordinador de ministros absorben toda la energía política, restando margen de maniobra para consolidar las mayorías necesarias en el recinto. Para los socios estratégicos del Ejecutivo, la insistencia oficialista en sostener a Adorni a cualquier costo está minando la capacidad del Gobierno de exhibir triunfos políticos concretos en un momento de fuerte ajuste social.
A pesar de las críticas cruzadas, los voceros de la bancada del PRO aclararon que este llamado de atención no implica una ruptura de la alianza legislativa ni un cambio de postura respecto al rumbo económico de la gestión nacional. Sin embargo, aclararon que el respaldo a las leyes de fondo y al equilibrio fiscal no representa un «cheque en blanco» para avalar ruidos internos que pongan en riesgo la institucionalidad. Con este tablero de tensiones subterráneas, la mesa chica presidencial enfrenta el desafío de contener los reclamos de sus aliados más cercanos si pretende mantener cohesionado el frente parlamentario de cara a las votaciones determinantes de la segunda mitad del año.
