A través de un comunicado oficial, el partido fundado por Mauricio Macri ratificó su apoyo al rumbo general de las reformas, pero lanzó duras críticas a la implementación de ciertas políticas oficiales. El documento marca una nueva etapa en la relación entre ambos espacios, donde el PRO busca diferenciarse para no quedar mimetizado con la gestión nacional.
El PRO utilizó un tono firme para expresar que su rol como aliado estratégico no implica un «cheque en blanco». Bajo la premisa de que «acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal», el partido señaló falencias en la gestión operativa del Estado, la demora en la designación de cuadros técnicos en áreas clave y la falta de canales de diálogo más fluidos para la toma de decisiones. Esta postura busca rescatar la identidad del partido como una fuerza con experiencia de gestión frente a lo que consideran errores de amateurismo por parte del oficialismo.
El comunicado también hace foco en la necesidad de cuidar a los sectores medios y productivos, advirtiendo que el ajuste fiscal debe ir acompañado de una agenda de crecimiento y alivio impositivo. Con este movimiento, el PRO intenta hacer un equilibrio delicado: sostener la gobernabilidad y evitar el retorno del pasado, pero al mismo tiempo mostrarse como una alternativa capaz de señalar las «desprolijidades» de una administración que, según ellos, todavía tiene deudas pendientes en la ejecución de sus propias promesas.
Finalmente, esta declaración se interpreta como un mensaje directo hacia la interna del partido y su electorado, que en muchos casos se siente huérfano de representación ante la polarización extrema. Al marcar estos límites, el PRO busca recuperar autonomía política de cara a las próximas discusiones legislativas y, sobre todo, ante el armado de listas para las elecciones de 2027. La advertencia es clara: el apoyo parlamentario es un activo que el Gobierno deberá negociar con mayor profesionalismo de ahora en adelante.
