El Ministerio de Economía decidió prorrogar por seis meses la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado en la reforma laboral para financiar indemnizaciones. La medida se tomó en consonancia con las advertencias del FMI sobre el impacto que tendría en las cuentas públicas.
El Gobierno nacional resolvió postergar la reglamentación y puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo instrumento incluido en la reciente reforma laboral para financiar colectivamente las indemnizaciones por despido en el sector privado. Aunque la ley aprobada a fines de febrero estipulaba el 1° de junio como la fecha límite para el inicio del esquema, el Palacio de Hacienda hizo uso de una cláusula de prórroga por seis meses. De esta manera, fuentes oficiales confirmaron que la letra chica del sistema recién se difundirá durante el segundo semestre, lo que trasladará la operatividad del fondo hacia los últimos meses del año o incluso comienzos de 2027.
La principal razón detrás de esta parálisis en la reglamentación radica en el estricto cuidado del frente fiscal que mantiene la administración de Javier Milei. La constitución del FAL se nutre de un porcentaje de las contribuciones patronales ordinarias que actualmente van a las arcas del Estado, lo que según estimaciones técnicas de las consultoras y del propio mercado financiero implicaría un costo fiscal inicial de entre 0,4 y 0,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). En un contexto donde la recaudación general se encuentra afectada por la contracción del consumo, el equipo económico priorizó obturar cualquier vía de drenaje de recursos para no poner en riesgo la meta irrenunciable del superávit financiero.
La postergación del esquema contó con el aval implícito —e incluso la recomendación técnica— del Fondo Monetario Internacional (FMI). En sus últimas revisiones, el organismo multilateral sugirió mantener bajo reserva la puesta en marcha del FAL si esta ponía en riesgo el equilibrio de caja de la seguridad social.
La decisión oficial genera un compás de espera tanto en el sector empresarial como en el mercado de capitales. Por un lado, las compañías esperaban la activación de este modelo —inspirado en el régimen de la construcción— para dotar de mayor previsibilidad a sus costos de salida y reducir la litigiosidad laboral. Por el otro, los bancos y las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión mantenían un marcado optimismo debido a que los FAL proyectaban volúmenes de administración superiores a los 1000 millones de dólares anuales, flujo que dinamizaría fuertemente el financiamiento corporativo local. Una vez que Economía publique la normativa madre, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la ANSES deberán emitir sus propias regulaciones complementarias para habilitar formalmente los instrumentos de inversión.
