En medio de un clima de incertidumbre, funcionarios nacionales y cámaras empresariales intentan destrabar el conflicto por el retraso en los subsidios y la suba de costos. Los usuarios ya sienten el impacto con esperas más largas en las paradas.
El Ministerio de Transporte vuelve a sentar en la mesa de negociación a los representantes de las principales cámaras de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El encuentro ocurre en un momento crítico: en los últimos días, varias líneas comenzaron a reducir drásticamente sus frecuencias, especialmente durante las horas valle y los fines de semana, como medida de «ahorro» ante lo que las empresas consideran un desfasaje insostenible entre el precio del boleto y los costos operativos.
Desde el sector empresarial, el reclamo es unísono: aseguran que el esquema actual de subsidios está «pisado» y que la demora en los giros de fondos les impide cumplir con el pago de salarios y el mantenimiento de las unidades. «No es un lockout patronal, es una realidad física; si no hay recursos, no hay gasoil ni repuestos», advirtieron desde las cámaras. Por otro lado, el Gobierno busca presionar para que se normalice el servicio de inmediato, bajo la amenaza de aplicar sanciones y multas a las líneas que no cumplan con los recorridos establecidos por contrato.
Mientras la discusión técnica continúa, el malestar social crece. En las paradas de la ciudad y el conurbano, las filas son cada vez más largas y la incertidumbre sobre la llegada de las unidades genera complicaciones diarias para miles de trabajadores. El éxito de esta reunión es vital para evitar que el conflicto escale a una medida de fuerza total en los próximos días, en un contexto económico donde el bolsillo de los pasajeros no soporta nuevos aumentos de tarifas, pero el sistema actual parece haber llegado a su límite de sostenibilidad.
