A pesar de la alianza parlamentaria, el espacio liderado por Mauricio Macri mantiene sus reservas sobre los cambios en la estructura de espionaje. La falta de definiciones pone en riesgo la validación del decreto en el Congreso.
La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa un nuevo momento de fricción tras el decreto de necesidad y urgencia que modifica el sistema de inteligencia nacional. Desde la cúpula del partido amarillo han evitado garantizar un acompañamiento automático a la medida, señalando la necesidad de analizar con lupa el destino de los fondos reservados y los nuevos mecanismos de control previstos. Esta postura marca una distancia estratégica en un tema sensible para la institucionalidad, reflejando que el apoyo del bloque no debe darse por sentado a pesar de las coincidencias generales en el rumbo económico.
Los legisladores del PRO argumentan que cualquier reforma en los organismos de inteligencia debe contar con un consenso amplio y garantizar una transparencia total para evitar el uso político de las estructuras del Estado. Esta reticencia ha generado malestar en los despachos de la Casa Rosada, donde esperaban un trámite legislativo más ágil para blindar el decreto ante posibles embates de la oposición. La discusión técnica ahora se traslada a la Comisión Bicameral, donde el posicionamiento de los cuadros del PRO será determinante para la vigencia o el rechazo de la norma en el corto plazo.
Esta situación refleja la complejidad del vínculo político actual: cooperar en las reformas estructurales pero marcar diferencias en cuestiones de calidad institucional. Mientras tanto, en las provincias del interior, los referentes locales del partido observan con atención el desenlace de esta puja, conscientes de que la unidad del bloque en el Congreso es vital para mantener la capacidad de negociación frente al Ejecutivo nacional. Por ahora, el PRO elige el camino de la cautela, exigiendo mesas de debate técnico antes de comprometer su voto definitivo en el recinto.
