La Cámara Alta se prepara para una sesión clave este jueves 16 de julio, donde se debatirá el controvertido proyecto que busca derogar la Ley de Tierras vigente. A pesar de la fuerte resistencia de la oposición dura y de los duros cuestionamientos públicos de figuras como Elisa Carrió, en la Casa Rosada aseguran contar con las voluntades necesarias para sancionar la iniciativa.
El proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, llega al recinto del Senado en medio de un clima de extrema paridad. La iniciativa oficialista propone eliminar de raíz las restricciones para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en el territorio nacional, un punto que encendió las alarmas de Unión por la Patria y de sectores del radicalismo y de la Coalición Cívica. La oposición argumenta que liberar el mercado inmobiliario rural de límites objetivos amenaza los recursos naturales estratégicos y la soberanía en áreas de seguridad de frontera, lo que anticipa un debate álgido y de final abierto.
Frente a este escenario de resistencia, los principales armadores políticos de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO intensificaron las negociaciones de último momento con los senadores de partidos provinciales y del peronismo no alineado. El foco de la negociación estuvo puesto en garantizar el quórum de 37 legisladores para dar inicio a la sesión y en blindar los votos de aquellos representantes de provincias patagónicas y del norte del país, cuyas economías regionales e inversiones forestales y mineras podrían verse directamente impactadas por la nueva legislación.
A pesar de que el poroteo previo anticipa una votación sumamente ajustada, desde el entorno del Poder Ejecutivo transmiten un marcado optimismo y aseguran que la ley se convertirá en realidad este jueves. Para el Gobierno de Javier Milei, la sanción de esta norma representa una bandera fundamental de su plataforma de desregulación económica y una señal de fuerte seguridad jurídica destinada a atraer capitales e inversiones extranjeras de gran escala, cerrando así un capítulo legislativo que consideran crucial para el segundo semestre.
