Estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales se movilizaron en una nueva jornada de reclamos al Gobierno nacional. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió pedidos por la aplicación de la ley de financiamiento y otras demandas sociales.
La Plaza de los Dos Congresos volvió a convertirse este jueves 15 de octubre en el escenario de una nueva jornada de protesta. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes de distintas organizaciones participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria, que tuvo como principal reclamo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización reunió a sectores de la comunidad educativa y organizaciones sindicales y sociales que cuestionan las políticas del Gobierno de Javier Milei.
El conflicto universitario continúa atravesado por la discusión sobre los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones públicas, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el sostenimiento de las becas estudiantiles. La ley de financiamiento fue aprobada por el Congreso, vetada por el Presidente y posteriormente ratificada por el Parlamento. Sin embargo, su implementación sigue siendo motivo de controversia política y judicial, mientras las universidades advierten sobre las dificultades presupuestarias que enfrentan.
La convocatoria también contó con el acompañamiento de centrales sindicales, movimientos sociales y agrupaciones políticas que sumaron reclamos vinculados con la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y el rechazo al DNU 70/2023. Durante la jornada, distintas columnas se concentraron en las inmediaciones del Congreso, donde se desarrollaron actividades y manifestaciones. La protesta terminó marcada por incidentes entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad, con enfrentamientos, personas detenidas y efectivos heridos.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre el financiamiento de la educación superior y las prioridades presupuestarias del Estado. Mientras las organizaciones participantes exigen respuestas y el cumplimiento de la legislación aprobada, el Gobierno sostiene su política de equilibrio fiscal. En este escenario, el conflicto permanece abierto y las universidades continúan reclamando medidas que garanticen su funcionamiento y la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores.
