El bloque de La Libertad Avanza busca acelerar el tratamiento de la reforma al régimen de tarifas de gas antes de ingresar en la discusión del cálculo de gastos para 2027. La negociación sumó tensiones internas tras los reparos de Patricia Bullrich a la iniciativa y a las colectoras de la reforma electoral.
La Casa Rosada reconfiguró sus prioridades parlamentarias para el segundo semestre y colocó en la cima de su agenda del Senado el proyecto de modificación de la Ley de Zonas Frías, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo. Para el Poder Ejecutivo, sancionar esta norma resulta un paso previo e indispensable antes de confeccionar y enviar el proyecto de Presupuesto 2027, ya que el rediseño del esquema de subsidios al gas —que apunta a un fuerte recorte del gasto público— es una pieza central para cerrar las proyecciones fiscales del próximo año. Sin embargo, el trámite legislativo se encuentra empantanado debido a que la iniciativa aún no cuenta con dictamen de comisión y su debate quedará postergado, como mínimo, hasta el término del receso invernal de julio.
La estrategia oficial sumó ruidos internos y complejidades técnicas tras las declaraciones de la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Tras la última reunión de Labor Parlamentaria, la legisladora porteña enfrió las expectativas del Ejecutivo al asegurar públicamente que la iniciativa «sigue fría» en la Cámara Alta, al tiempo que marcó explícitos reparos hacia las listas colectoras contempladas en la reforma electoral que impulsa la propia administración central. El panorama obliga a los armadores de Balcarce 50 a intensificar los puentes bilaterales con los sectores de la oposición dialoguista, quienes ya le advirtieron al oficialismo que el primer semestre era el momento ideal para acelerar el paquete de leyes y que la dilución del tiempo licuó parte de los consensos iniciales.
Para alcanzar el número necesario en el recinto, los operadores del Gobierno desplegaron una ingeniería de negociación que trasciende los 21 senadores propios y los 3 escaños del PRO. Ante el rechazo de casi la mitad del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), la Casa Rosada busca blindar el apoyo de legisladores provinciales «silvestres» y de exintegrantes del interbloque kirchnerista; para convencerlos, resulta clave la incorporación de las «zonas cálidas» —un esquema de subsidios a la energía eléctrica aprobado en Diputados que beneficia a las provincias del norte— y la promesa de destrabar giros de fondos millonarios para obras viales paralizadas. Mientras se destraba esta pulseada energética, el Senado acordó intentar sesionar el jueves 16 de julio para tratar la ley de propiedad privada, dejando en claro que el resto de la abultada agenda oficial —que incluye la Ley Hojarasca, ludopatía y biocombustibles— deberá esperar hasta la reactivación del Congreso en agosto.
