En una nueva instancia del juicio por la expropiación, Argentina solicitó la suspensión de una medida clave para evitar el embargo de activos. El Palacio de Hacienda busca ganar tiempo mientras se define la apelación de fondo.
La defensa de la República Argentina presentó un pedido formal ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender una medida que permitiría a los demandantes comenzar a identificar activos embargables en el exterior. Esta estrategia legal se da en el marco del millonario juicio por la estatización de YPF, donde el fondo Burford Capital reclama una indemnización de US$16.000 millones. El objetivo del Gobierno es mantener el «statu quo» mientras la Corte de Apelaciones revisa la sentencia original.
Los abogados que representan al país argumentan que permitir el avance de los demandantes en esta instancia causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y a la operatoria comercial de empresas estatales. La presentación enfatiza que el país ha demostrado voluntad de cumplir con sus compromisos internacionales, pero sostiene que el proceso de identificación de bienes es prematuro y excesivamente agresivo, dado que aún restan instancias judiciales por agotar en los tribunales neoyorquinos.
Esta pulseada legal ocurre en un momento en que el Gobierno busca consolidar la confianza de los mercados internacionales. Un fallo adverso que habilite embargos inmediatos podría generar ruidos innecesarios en la cotización de los bonos argentinos, que vienen mostrando un rendimiento positivo. Desde el entorno económico confían en que la jueza Loretta Preska tome en cuenta los argumentos de soberanía planteados para postergar cualquier acción de cobro hasta que la sentencia sea definitiva.
