El marcado deterioro de la red vial federal se convirtió en un eje prioritario de la agenda política y económica. Frente al freno de la obra pública nacional, el Ejecutivo busca transferir o concesionar la gestión de corredores estratégicos a las provincias, un proceso que entrelaza reclamos logísticos con la negociación legislativa en el Congreso.
El estado crítico de más de dos tercios de las rutas nacionales impulsó al Gobierno a avanzar en acuerdos de traspaso de jurisdicción, tomando como prueba piloto el convenio firmado con Santa Fe para la administración de la Ruta Nacional A012 por los próximos 20 años. Bajo este esquema, la Nación cede el mantenimiento y las obras a los estados provinciales o a concesiones privadas de largo plazo. Este mecanismo, que comenzará a extenderse a corredores de Río Negro y La Pampa, se da en un contexto de negociación política donde el oficialismo busca apoyo de los gobernadores para proyectos clave, como la eliminación o suspensión de las PASO de 2027.
La urgencia del reclamo provincial se fundamenta en el fuerte impacto económico y social del deterioro vial. Por un lado, la falta de mantenimiento rutinario afecta directamente la cadena logística del agro, la minería y los hidrocarburos, encareciendo los costos de reconstrucción posterior. Por otro lado, la problemática compromete la seguridad vial: según datos oficiales de la ANSV, más de la mitad de los accidentes mortales del país ocurren en rutas, lo que convierte la intervención en los trazados en un reclamo prioritario tanto de la población como de los mandatarios regionales.
