La Justicia Federal dejó sin efecto el beneficio del que gozaba la imputada por el traslado ilegal de víctimas entre Argentina y Chile. Los magistrados dictaminaron su inmediato traslado a un establecimiento penitenciario ordinario tras evaluar un incremento en los riesgos procesales.
La Cámara de Apelaciones revisó los lineamientos de detención de una causa de alta complejidad y dictó una resolución clave contra una mujer señalada como eslabón logístico de una organización delictiva dedicada a la trata de personas con ramificaciones internacionales. El tribunal resolvió revocar de manera unánime el beneficio de la prisión domiciliaria del que disponía la acusada, ordenando que espere el desarrollo del juicio oral y público alojada de forma efectiva tras las rejas en una unidad del Servicio Penitenciario.
Para modificar el estatus de reclusión de la sospechosa, el tribunal convalidó los argumentos de los fiscales, quienes alertaron sobre la vigencia y el agravamiento de los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Al tratarse de un delito federal transnacional que involucra el cruce ilegal de fronteras entre Argentina y Chile y el manejo de recursos económicos sustanciales, se consideró que la modalidad de arresto en una vivienda particular resultaba insuficiente para garantizar su sujeción al proceso y mitigar la posibilidad de que influya sobre testimonios o destruya pruebas clave.
A los cargos originales por la captación, traslado y explotación de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, los investigadores sumaron nuevos indicios que complican la situación procesal de la mujer, al detectarse nexos económicos con otros rubros ilícitos a ambos lados de la cordillera. Este antecedente complicó severamente su defensa, ya que la suma de los cargos consolidó ante los ojos de la Justicia el perfil de una organización delictiva estructurada que operaba en múltiples rubros ilegales, echando por tierra cualquier posibilidad de sostener una medida de coerción atenuada.
