El Ministerio de Capital Humano selló el acuerdo paritario para los trabajadores de la administración pública nacional. La negociación concluyó con el respaldo de UPCN y el rechazo rotundo de ATE, que ratificó su plan de lucha y medidas de fuerza.
El esquema de actualización salarial para el sector público nacional sumó una definición clave en el marco de la estrategia de austeridad y control fiscal que sostiene el Poder Ejecutivo. Tras intensas reuniones paritarias entre las autoridades laborales y las representaciones sindicales, el Gobierno nacional formalizó el cierre de la paritaria estatal para el próximo período, fijando un incremento acumulado del 6,6% repartido de forma trimestral, una cifra que busca alinearse con las proyecciones oficiales de desaceleración de la inflación minorista.
El acuerdo alcanzado incluye además el pago de una suma fija por única vez a modo de bono compensatorio, un mecanismo no remunerativo con el que las espadas oficiales buscaron destrabar la negociación y amortiguar la pérdida de poder adquisitivo en las categorías de menores ingresos de la administración central. La propuesta oficial logró cosechar la firma de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio de mayor representatividad territorial conducido por Andrés Rodríguez, cuyos delegados optaron por convalidar la pauta oficial privilegiando la estabilidad de los puestos de trabajo.
En la vereda opuesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por Rodolfo Aguiar, rechazó de cuajo los términos del acta paritaria por considerarla «insuficiente y confiscatoria» frente a la evolución real de los precios de la canasta básica. Desde la conducción de ATE denunciaron que el porcentaje ofrecido consolida un escenario de rebaja salarial para los empleados estatales y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza, anticipando asambleas sectoriales y paros de actividades en ministerios y organismos descentralizados para las próximas semanas.
