La Casa Rosada busca modernizar las condiciones de contratación a través de la actualización de marcos regulatorios que datan de las décadas del 70 y 80. El Ministerio de Capital Humano liderará las mesas sectoriales en medio de la resistencia sindical.
El Poder Ejecutivo nacional decidió poner en marcha una profunda ofensiva para acelerar la reforma laboral, fijando como objetivo inmediato la reapertura y renegociación de más de 100 convenios colectivos de trabajo que se encuentran formalmente vencidos o bajo el régimen de ultraactividad. La estrategia, diagramada en los despachos de la Casa Rosada y coordinada operativamente por la Secretaría de Trabajo, apunta a desarmar regulaciones y cláusulas sectoriales diseñadas mayoritariamente en las décadas de 1970 y 1980, las cuales la gestión oficialista considera obsoletas frente a las demandas de la economía contemporánea.
Desde la perspectiva del equipo económico, la persistencia de estos marcos normativos rígidos actúa como un desincentivo directo para la creación de empleo registrado y traba los planes de inversión corporativa de mediano plazo. Los borradores oficiales prevén convocar a mesas técnicas bilaterales por actividad para discutir modificaciones en temas sensibles como los esquemas de multifuncionalidad, la readecuación de las jornadas laborales en sectores industriales, la flexibilización de los regímenes de licencias y la sustitución de las indemnizaciones tradicionales por fondos de cese laboral sectoriales, similares al modelo implementado en la construcción.
El avance de esta iniciativa promete tensar al máximo la relación del Gobierno con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las principales federaciones gremiales, que ya declararon el estado de alerta ante lo que definen como un intento de avasallamiento de los derechos adquiridos y una precarización encubierta. El despliegue de estas negociaciones paritarias de carácter estructural formará parte de los temas prioritarios en la agenda de la mesa política oficialista del próximo jueves, donde los armadores de Balcarce 50 buscarán coordinar el respaldo de los bloques legislativos aliados y los gobernadores frente a la inevitable conflictividad social y judicial que generará la medida.
