El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad oficializaron los nuevos cuadros tarifarios que regirán desde el próximo mes en el AMBA. Los incrementos, vinculados al reciente índice de precios del INDEC más un recargo del dos por ciento, empujarán el pasaje mínimo por encima de la barrera de los mil pesos en territorio bonaerense.
La actualización automática, calculada sobre la inflación de abril que se ubicó por debajo de las previsiones iniciales, se traducirá en un alza promedio de entre el 4,6% y el 4,8% para los usuarios de colectivos locales. A partir del lunes 1° de junio, viajar en las líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires tendrá un costo mínimo de $788,41 para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada. En tanto, las unidades que recorren el conurbano bonaerense —identificadas con numeración a partir del 200— sufrirán un ajuste mayor, llevando su primer tramo de pasaje a un piso de $1015,06.
El nuevo esquema tarifario acentúa la brecha de costos entre ambas jurisdicciones, acumulando en lo que va del año incrementos que superan el 54% en la Provincia y el 32% en la Capital Federal, valores que se ubican holgadamente por encima del índice general de inflación del primer cuatrimestre. Los usuarios que no cuenten con su tarjeta debidamente registrada y nominada ante los centros de atención sufrirán penalizaciones que duplicarán estos importes base, convirtiendo el viaje diario en una carga significativamente más pesada para los bolsillos informales.
Este incremento en el transporte automotor urbano se complementará además con subas escalonadas en el subte porteño, los peajes de los accesos principales a la ciudad y el cronograma ya pactado para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que ajustarán sus números a mediados de mes. La administración pública justifica la continuidad de estos retoques mensuales bajo la premisa de mitigar el desfasaje de costos operativos provocado por las subas en los combustibles y la necesidad de reducir la partida general de subsidios estatales que financia el sistema de transporte regional.
